Este miércoles, 8 de abril, la CGT de Pontevedra repartió entre el numeroso profesorado asistente a la XXXII Semana Galega de Filosofía un folleto en que se denunciaba como la Dirección del IES "Torrente Ballester" de Pontevedra "vulnera los derechos fundamentales de expresión, información y huelga del alumnado y llama en su auxilio a la policía nacional para que imponga el orden, la disciplina y la autoridad desafiadas". Esta acción es una más de las que la CGT de Pontevedra viene llevando a cabo para denunciar el violento atropello sufrido por nuestro joven compañero, M.M.L. y para forzar un debate entre el profesorado sobre ‘su" concepto de autoridad que evite puedan reproducirse tan lamentables sucesos y vejatorias conductas.
Este es el escrito repartido:
LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO "TORRENTE BALLESTER" DE PONTEVEDRA VULNERA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE EXPRESIÓN, INFORMACIÓN Y HUELGA DEL ALUMNADO Y LLAMA EN SU AUXILIO A LA POLICÍA NACIONAL PARA QUE IMPONGA EL ORDEN, LA DISCIPLINA Y LA AUTORIDAD DESAFIADAS.
Todo empezó el 25 de febrero, cuando un grupo de alumnos decidió informar a sus compañeros a la hora del recreo y en el hall de los motivos de la huelga estudiantil convocada para esos días. Dos días después, uno de los alumnos, M.M.L., recibe una carta de expulsión del centro por dos días (3 y 4 de marzo), tras acusarle de haber desoído al Director cuando éste le reclamaba cesar el acto informativo y apagar el megáfono que utilizaba, con la excusa (falsa, como enseguida se demostraría) de estar molestando el trabajo administrativo que tenía lugar en un local adjunto al hall.
El alumno impugnó por escrito esta sanción, poniendo de relieve que su única responsabilidad había sido el ejercicio legítimo y defensa de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, información y huelga. Por lo mismo, no cabía al director del Instituto invocar legitimidad alguna -ni legal ni ética- para vulnerar esos derechos.
Consecuente con esa alegación, el día 3 de marzo el alumno decidió incorporarse a clase, como cualquier otro día. Sin embargo, hacia las 8:50 de la mañana, un grupo de cuatro policías nacionales -llamados por la Dirección- interrumpió la clase, procedió a desalojar por la fuerza a M.M.L., arrastrándolo por el suelo y provocándole diversas lesiones y magulladuras. Finalmente el alumno, entre gritos y ayes de auxilio, fue llevado a rastras por los pasillos hasta al exterior del centro.
Al día siguiente, el Director del IES ordena la "incoación de un procedimiento disciplinario", acusando a M.M.L. de "incumplimiento de una sanción" y "falta de respeto y consideración debidos al profesorado en su condición de autoridad pública". Por supuesto, el documento no contempla la más mínima referencia al único y verdadero abuso sancionable cometido en estos sucesos, aquél que sólo puede cometer una "autoridad": el "abuso de poder". Pues lo cierto es que el ‘profesorado", por más que apele a su condición de "autoridad pública", de ningún modo está legitimado para vulnerar los derechos básicos de expresión, información y huelga y tampoco para llamar a la policía para que resuelva a golpes y con violencia un pacífico conflicto académico.
A mayor abuso, el director, en un acto más de inaceptable autoritarismo, aprovecha la incoación del expediente para imponer un nuevo castigo al alumno, prohibiéndole acudir al Instituto los días 6, 9 y 10 de marzo, ahora con la indignante excusa ‘preventiva" de que M.M.L. no logre con su presencia "perturbar la instrucción del procedimiento".
La carrera autojustificatoria hacia el abuso de poder y la prepotencia autoritaria, no acabó ahí, ni se limitó al director. También el instructor y el claustro entero (que ha permanecido ciego y mudo ante esta increíble perversión de su función educativa y dignidad profesional) han culminado su lastimosa actuación, concluyendo el ‘procedimiento" disciplinario con la imposición a M.M.L. de la sanción más fuerte que contempla la legislación educativa, por más que la considere excepcional: el cambio de centro, aunque ello implique el cambio de ciudad. Una medida discriminatoria dónde las haya por razón de clase, pues en no pocos casos, equivale a tener que abandonar el alumno los estudios por las dificultades económicas que conlleva.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué han manifestado los profesores del centro sobre estos hechos lamentables?: Nada. ¿Qué han manifestado las centrales sindicales, representantes del profesorado, respecto de esta nueva agresión al derecho de información y huelga?: Nada.
¿Cómo podremos salir de este infame agujero? Quizá lo mejor sea empezar de nuevo por el principio de toda dignidad: ¡Diciendo NO a este atropello, allí dónde cada uno esté! ¡Diciendo SI a la solidaridad práctica con todos los M.M.L.!
CGT – Pontevedra