Frente a todos y contra todos los que, por intereses privados inaceptables y como buitres, intrigan para evitar la reanudación de la actividad conservera en las fábricas de Alfageme en Vilaxoán y Ribadumia, por más poderosos que aparenten ser, la CGT y las trabajadoras de Vilaxoán, reafirman ante la sociedad de Arousa y ante la clase  obrera, su decisión de no tolerar semejante atropello.

La CGT ha presentado el 21 de febrero, dos escritos, el primero ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Pontevedra, y el segundo ante la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, en los que expresa la decisión de este Sindicato y de las trabajadoras de Vilaxoán que representa, de continuar su movilización en la defensa de sus puestos de trabajo y la continuidad de la actividad conservera en Arousa.

La CGT exige a todas las partes que intervienen en este conflicto para que mantengan abiertas y no cierren arbitrariamente, por intereses espúreos, las puertas a una solución. Pues los únicos intereses verdaderamente legítimos presentes en este conflicto son los de las trabajadoras que reclaman su puesto de trabajo y los de la sociedad de Arousa que defiende su tejido industrial conservero.

Este largo conflicto dura ya cinco años, en los que la sección sindical de la CGT de Alfageme en la fábrica de Vilaxoán hubo de defenderse, prácticamente en solitario, contra el reiterado intento de cerrar las puertas de las fábricas conserveras de Alfageme.

Todo se inició en abril 2007, cuando la inmobiliaria Promalar, que se había hecho con la propiedad de Alfageme, presentó un llamado “Plan Estratégico”, que anunciaba el cierre de las cuatro fábricas (Vigo, O Grove, Ribadumia y Vilaxoán) para ‘liberar’ sus solares (principalmente el de Vigo) de su uso industrial y dedicarlos a la especulación urbanística. Ese fraudulento Plan –a todas luces corrupto y corruptor-  fue apoyado, financiera y políticamente, por el gobierno de la Xunta de entonces (el “Bipartito”, PSOE-Bloque), y por las centrales sindicales C.I.G. y U.G.T.  De aquellos apoyos –entre ellos, los avales del IGAPE por valor de más de 30 millones de euros- llegan ahora los lodos con que intentan asfixiar a las trabajadoras y a la CGT que se niegan a claudicar.

Ante el fracaso de ese primer Plan Estratégico, los propietarios de Alfageme idearon en 2009 un segundo Plan, ahora llamado de “Plan de Viabilidad”, en el que se anunciaba la ‘liberación’ de los solares de Vigo y O Grove y se dejaba en el ‘aire’ la continuidad de Ribadumia y Vilaxoán. Este Plan fue de nuevo apoyado por el gobierno de la Xunta (ahora del PP) y por todos los sindicatos –CIG, UGT y CC.OO-, excepto la CGT.

En los años siguientes la CGT continuó en solitario la lucha contra el gigantesco fraude que se estaba cometiendo.

Una vez fracasado este segundo Plan, los propietarios de Alfageme intentaron en 2010 la vía del Concurso de Acreedores voluntario. Y en esas estamos. En todo este tiempo, la CIG y la UGT engañaron a a los trabajadores de Vigo, para que renunciasen a su puesto de trabajo y permitiesen el cierre de la factoría en Vigo, con la promesa de fuertes indemnizaciones, que nunca les llegarán. Hoy la factoría de Vigo está cerrada, a disposición su solar de los especuladores del ladrillo que la adquieran.

Después fue la Administración concursal quien promovió un ERE extintivo para el resto de la plantilla que quedaba (Vilaxoán, Ribadumia y O Grove) . Ante dicho ERE, CIG y CC.OO afirmaron ante el Juez de lo Mercantil, que aceptaban los despidos a cambio de indemnizaciones, por otra parte ridículas. Sólo la CGT se opuso tajantemente a dicho ERE y, por esta oposición, no pudieron aplicarlo hasta mediados del año siguiente.  Dentro de ese periodo (cuando todavía se mantenía viva la plantilla de Alfageme, al no poderse aplicar el ERE extintivo, mientras la CGT no retirase, o perdiese por sentencia en contra, su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia), en 2011, llegó formalmente la oferta del grupo conservero cántabro el Consorcio para adquirir las fábricas de Vilaxoán y Ribadumia. En abril de ese mismo año, la CGT denunció públicamente a la Consellería de Economía y a los sindicatos CIG y CC.OO, que habían firmado entre ellos un pacto, a espaldas de la CGT y de las trabajadoras, por el que la plantilla que se incorporase al proyecto del Consorcio, lo haría como “trabajadoras fijas discontinuas” y sin respeto alguno a sus derechos económicos y laborales, de antigüedad y categoría. Finalmente, la CGT impuso a todas las partes un nuevo pacto con el grupo el Consorcio, en el que sí se reconocían todos los derechos de la plantilla de Alfageme en Arousa, hasta un total de 150 trabajadoras.

Y llegamos a la fecha de hoy, en la que si fuese verdad lo que argumentan públicamente todos los implicados en la operación (Igape, Banca y Administración Concursal): que el único obstáculo real que impide resolver la situación y proceder a la adquisición por el Grupo Consorcio de las fábricas de Vilaxoán y Ribadumia en las condiciones pactadas, es la falta de garantías que les supone el hecho de que esté pendiente de resolverse uno de los innumerables recursos judiciales de la familia Lago, la CGT pone en evidencia:

1º – Que toda la documentación judicial sobre dicho recurso está ya en poder de la Audiencia Provincial, por lo que su resolución puede ser dictada y ejecutable en breve plazo, dotándola, una vez más, de la firmeza necesaria.

2º – Que la Administración concursal dispone de un plazo de tres meses para la recepción de la oferta del Consorcio.

Ante estos hechos, la CGT y las trabajadoras de Vilaxoán que representa reclaman:

Al grupo el Consorcio, que mantenga viva su oferta de adquisición de Vilaxoán y Ribadumia en los términos pactados con las trabajadoras.

Al Juzgado de lo Mercantil, que no acorte los plazos que el propio Plan de liquidación ofrece para la consideración formal de la oferta de compra por Consorcio de las fábricas de Vilaxoán y Ribadumia.

A la Consellería de Economía e Industria y el Igape, que asuman la responsabilidad de los avales que firmaron en 2007 y años posteriores. Que la existencia de un Informe de la Asesoría Xurídica de la Xunta que impediría la asunción de esa responsabilidad, no es más que una burda excusa de mal pagador, peor gestor e irresponsable gobernante.

A los acreedores bancarios principales (Banco Popular y Novacaixa Banco), que asuman la responsabilidad que les cabe por haber ofrecido préstamos millonarios a un proyecto inmobiliario que arruinaba cuatro centros de trabajos de una empresa centenaria y ponía en la calle a cientos de trabajadores.

La responsabilidad conjunta de la Xunta y de los Bancos ha de materializarse en la firma urgente (lo más tardar a principios de marzo) de un documento que ofrezca las garantías suficientes, ante el Juzgado de lo Mercantil y ante las trabajadoras de Alfageme, de que pronto se abrirán las puertas de las fábricas de Vilaxoán y Ribadumia y los trabajadores podrán incorporarse a su puesto de trabajo, en las condiciones pactadas con el Consorcio.

CGT Pontevedra-Arousa. El Comité